Para ello, el grupo Socialistas Vascos pide, en la medida permitida por el ordenamiento, que se incorporen cláusulas sociales en el procedimiento de contratación y en la ejecución de los contratos.

   En la Proposición no de Norma, presentada por el representante socialista Josu Montalbán, también se emplaza a la institución foral a fomentar la incorporación laboral de personas excluidas o en riesgo de exclusión del mercado laboral en empleos de calidad, mediante la incorporación de estas cláusulas sociales, “facilitando, por un lado, mercado a las empresas de inserción; y por el otro, implicando a las empresas ordinarias en el objetivo de la inserción sociolaboral –en semejanza a la reserva del 2%  para personas con discapacidad”.
 
   En su iniciativa, PSE-EE también solicita la constitución de una Comisión Técnica en la Dirección de Contratación, “en la que deberán estar integrados los servicios jurídicos de los Departamentos de Empleo y Formación, Acción Social y Hacienda para que analice y estudie el modo óptimo de introducir las cláusulas sociales en la adjudicación y en la ejecución de los contratos que haga la Diputación sin salir de la legislación vigente, y que a su vez determine las medidas jurídicas, financieras y organizativas que sean necesarias para aplicar este acuerdo adoptado, así como su coexistencia con otras políticas públicas”.

   PSE-EE emplaza a los responsables forales a que atiendan esta reclamación porque “las personas con discapacidad soportan en ocasiones, además de la propia discriminación derivada de su situación, otra serie de lacras que les impiden acceder al mercado laboral”.

   “Esto puede ser atenuado de algún modo en las empresas públicas, -superando la tasa reglamentaria del 2% de personas con discapacidad entre su plantilla-, y en los procedimientos de contratación de obras y servicios puestos en marcha por las Instituciones públicas”, indica la propuesta.

   Asimismo, se recuerda que la Tasa de Actividad de la población con discapacidad era del 32% (frente a un 52% en la población general) y que la Tasa de Paro de la población de personas con discapacidad se situaba en el 26%.

   “A través del tiempo han sido muchas las fórmulas utilizadas para paliar este problema, aunque la eficacia aún deja que desear habiéndose convertido el empleo protegido en la única fórmula en vigor, si bien las empresas así constituidas tienen serias dificultades para competir en el mercado”, explica el texto.

    En este documento se realizan, según explican los Socialistas, una serie de propuestas “que, de forma tímida, se vienen realizando, pero aún no se ven avances sustanciales en los resultados, por lo que consideramos que las instituciones públicas deben explorar fórmulas que faciliten esos avances a partir de un comportamiento ético de sus gestores que propongan cláusulas sociales en los pliegos de los procedimientos de contratación”.