El Grupo Socialista en las Juntas Generales de Bizkaia ha presentado con carácter urgente una Proposición de Norma Foral para que la Diputación entregue datos fiscales de empresas y altos cargos, o sus familiares, cuando se encuentren implicados en casos que estén siendo tratados por comisiones parlamentarias de investigación.

   El Portavoz de los Socialistas en Juntas, Iñaki Egaña, ha recordado que este cambio normativo es necesario porque los responsables de la Diputación se han venido negando a entregar este tipo de datos alegando que no existe una normativa foral que lo autorice.

   El carácter de urgencia de la iniciativa se justifica para que, una vez aprobada, la Diputación entregue de inmediato los datos fiscales que posee de entidades, organismos o personas físicas que puedan ser de utilidad para las comisiones de investigación actualmente operativas en el Parlamento Vasco, relacionadas con las presuntas irregularidades en los Departamentos de Cultura e Industria y sobre un presunto espionaje por parte de agentes de la Ertzaintza.

   En este sentido, Egaña ha explicado que los responsables forales del PNV deben hacer "un ejercicio de transparencia" y votar a favor. "Dado que la mayoría de los implicados forman parte de su partido, ellos mismos deberían haber promovido este cambio legal si es que realmente quieren que se conozca lo ocurrido", ha subrayado.

   La Proposición de Norma Foral contempla que dicha información sea trasladada en un máximo de cinco días hábiles siempre que el objeto de la investigación tenga relación con el desempeño de cargo público de los afectados y cuando la comisión de investigación entienda que no puede cumplir con su cometido si no recibe esa información.

   La propuesta del Grupo Socialista también señala que los datos que aporte la Diputación sólo podrán tener publicidad si forman parte de las conclusiones de investigación, estando sometidos a secreto el resto de datos facilitados.

   "Hoy en día, constatamos que las tramas económicas rara vez se centran en personas físicas, sino que se utilizan personas interpuestas a través de entidades jurídicas. Por todo ello, procede adecuar la normativa vigente a la realidad de nuestro tiempo", ha explicado.