Las Juntas Generales de Bizkaia han aprobado hoy por unanimidad la toma en consideración de una Proposición de Norma presentada por el Grupo Socialista, que supone una modificación de la normativa foral para que la Dipoutación no pueda negarse a colaborar con Comisiones parlamentarias de investigación, como la del Caso De Miguel.

   La iniciativa socialista se ha presentado después de que los responsables de la Diputación se negara a enviar la información fiscal que le había sido solicitada por esta comisión que investiga la presunta trama de corrupción que afecta al PNV.

   La Proposición de Norma Foral pretende que la Diputación entregue cuando se le soliciten datos fiscales de empresas y altos cargos, o sus familiares, siempre que se encuentren implicados en casos que estén siendo tratados por comisiones parlamentarias de investigación.

   Los socialistas presentaron esta iniciativa con carácter de urgencia para que, una vez aprobada, "la Diputación entregue de inmediato los datos fiscales que posee de entidades, organismos o personas físicas que puedan ser de utilidad para las comisiones de investigación actualmente operativas en el Parlamento vasco, relacionadas con las presuntas irregularidades en los Departamentos de Cultura e Industria y sobre un presunto espionaje por parte de agentes de la Ertzaintza".

   En este sentido, la juntera socialista Alexia Castelo, ha explicado que la Diputación debería haber apostado por la transparencia y "haber promovido este cambio legal si es que realmente quieren que se conozca lo ocurrido".

   La Proposición de Norma Foral contempla que dicha información sea trasladada en un máximo de cinco días hábiles siempre que el objeto de la investigación tenga relación con el desempeño de cargo público de los afectados y cuando la comisión de investigación entienda que no puede cumplir con su cometido si no recibe esa información.

   "Hoy en día, constatamos que las tramas económicas rara vez se centran en personas físicas, sino que se utilizan personas interpuestas a través de entidades jurídicas. Por todo ello, procede adecuar la normativa vigente a la realidad de nuestro tiempo", ha explicado.