Los consejeros de PSE-EE en la BBK han promovido la petición formal para que se paralicen en esta caja las ejecuciones hipotecarias en el caso de viviendas habituales y cuando exista una insolvencia sobrevenida e involuntaria debido a la mala situación económica.

   Un total de 36 consejeros, los Socialistas más los de la Izquierda Abertzale, los de CC.OO y los de Ezker Batua-Berdeak, han impulsado esta propuesta que afectaría a hipotecas y préstamos de viviendas cuyo coste no supere los 360.000 euros, mientras que las que lo superen, se verían beneficiadas por esta propuesta hasta dicha cantidad.

   La iniciativa, que cumple los estatutos de BBK al haber sido presentada al presidente Mario Fernández en plazo y por un número superior a 25 consejeros, será debatida en la Asamblea General que se celebrará el 23 de marzo

n concreto, el primer punto de la propuesta señala que la paralización de la ejecución presupuestaria se aplicaría a clientes en riesgo de pérdida de la vivienda habitual debido a una situación de insolvencia sobrevenida e involuntaria a consecuencia de circunstancias económico-laborales adversas.

   La aplicación de estas medidas se extenderá a las hipotecas constituidas en garantía de préstamos o créditos concedidos para la compraventa de viviendas cuyo precio de adquisición no hubiese excedido de 360.000 euros. Los créditos hipotecarios por importe superior al importe anterior, tendrían derecho a la aplicación hasta esa cantidad de los criterios planteados.

   La propuesta supone que la BBK paralizaría de oficio estas ejecuciones presupuestarias de forma inmediata y asumiría el compromiso de no iniciar nuevos procedimientos hasta la puesta en marcha del servicio de mediación que está ultimando el Gobierno Vasco.

   En este sentido, se ofrecería un periodo mínimo de carencia de cinco años, se negociaría con las personas afectadas para la búsqueda de soluciones proporcionadas y adaptadas a su capacidad actual de pago, incluyendo medidas como la prolongación del plazo de amortización, la ampliación o concesión de nuevos plazos de carencia y/o la reducción del tipo de interés.

   El objetivo es que sea viable en el futuro el retorno del crédito y se evite la pérdida de la vivienda o, en caso contrario, se posibilite la resolución no gravosa del préstamo.

   También se pretende que se minimicen los gastos para las personas afectadas derivados de la constitución de un nuevo préstamo, en el supuesto de que la liquidación ordenada de la deuda pase por una renegociación del préstamo hipotecario.

   Del mismo modo, se incluiría la figura de la dación en pago, que se aplicaría de forma voluntaria pero no obligatoria, tanto en contratos de los préstamos hipotecarios que se constituyan a futuro como en los procesos de negociación con los clientes que por causas sobrevenidas no puedan hacer frente al pago de la deuda. El fin de esta propuesta es que se generalice la posibilidad de saldar con los bienes hipotecados la deuda en caso de impago, sin que deba responder el deudor con sus bienes o derechos futuros para saldar dicha deuda.

   Asimismo se contempla que, en los casos en los que la entidad se adjudique la vivienda, se presentaría una oferta al antiguo propietario o propietaria para seguir disfrutándola en régimen de alquiler, a unas condiciones acordes con su capacidad adquisitiva, y, en todo caso, nunca superior al 30% de los ingresos de la unidad familiar.