El voto en contra de los consejeros del PNV, junto con la abstención de los de ELA y CC.OO han impedido que la Asamblea de la BBK aprobara hoy una propuesta para paralizar las ejecuciones de hipotecas en viviendas habituales motivadas por situaciones de insolvencia sobrevenida e involuntaria.

   El Presidente de la caja, Mario Fernández, ha obligado a los consejeros proponentes de la iniciativa a ratificar su petición en la propia Asamblea, a pesar de que es un procedimiento no contemplado en los Estatutos de la BBK y de que la formalización de dicha propuesta fue reglamentaria, puesto que se realizó cinco días antes de esta Asamblea y por más de 25 consejeros.

   "La sensación que nos queda tras esta Asamblea es que el señor Fernández trataba de evitar el debate y la aprobación de este punto. Al comprobar cuál ha sido el voto del PNV hemos comprendido su actitud previa. Los 50 votos en contra del PNV y las once abstenciones de CC.OO (nueve) y ELA (dos), han superado los 27 votos a favor de la suma de PSE-EE, Izquierda Abertzale y Ezker Anitza", han señalado los consejeros Socialistas.

   Sin embargo, los Socialistas han remarcado su predisposición al diálogo y al consenso, porque "se trata del futuro de muchas familias, que se pueden ver en la calle si no hacemos nada".

   En este sentido, han señalado que están abiertos a analizar la propuesta lanzada por Mario Fernández de estudiar la creación de un fondo contra desahucios a cargo de la obra social en el que participen las administraciones públicas.

   "Nuestra propuesta está abierta y buscamos el consenso con los otros representantes en la BBK. Esperamos que la postura mantenida hoy por PNV, ELA y CC.OO pueda modificarse, porque afecta a muchas personas con riesgo de perder su casa", han agregado.

   En este sentido, han remarcado que la propuesta que hoy no ha logrado el apoyo de los consejeros del PNV constituía "un paso en la buena dirección para solucionar el problema de las ejecuciones hipotecarias y los desahucios". "La solidaridad ha sido y debe seguir siendo siempre la principal característica de la BBK", han subrayado.

   Por último, han recordado que durante 2010 se registraron en Euskadi casi 2.000 ejecuciones hipotecarias, que llegaron a las 2.100 el pasado año.

   La propuesta rechazada hoy hubiera afectado a hipotecas y préstamos de viviendas cuyo coste no superara los 360.000 euros, o hasta esa cantidad en las de mayor cuantía.

   La propuesta proponía que la BBK paralizara de oficio estas ejecuciones presupuestarias de forma inmediata y que asumiera el compromiso de no iniciar nuevos procedimientos hasta la puesta en marcha del servicio de mediación que está ultimando el Gobierno Vasco.

   En este sentido, se apostaba por un periodo mínimo de carencia de cinco años, y por negociar con las personas afectadas para la búsqueda de soluciones proporcionadas y adaptadas a su capacidad actual de pago, incluyendo medidas como la prolongación del plazo de amortización, la ampliación o concesión de nuevos plazos de carencia y/o la reducción del tipo de interés.

   El objetivo era hacer viable en el futuro el retorno del crédito y evitar la pérdida de la vivienda o, en caso contrario, posibilitar la resolución no gravosa del préstamo.

   También se pretendía que se minimizaran los gastos para las personas afectadas derivados de la constitución de un nuevo préstamo, en el supuesto de que la liquidación ordenada de la deuda pasara por una renegociación del préstamo hipotecario.

DACIÓN EN PAGO

   Del mismo modo, se incluía la figura de la dación en pago, que se aplicaría de forma voluntaria pero no obligatoria, tanto en contratos de los préstamos hipotecarios que se constituyeran a futuro como en los procesos de negociación con los clientes que por causas sobrevenidas no puedieran hacer frente al pago de la deuda. El fin de esta propuesta era que se generalizara la posibilidad de saldar con los bienes hipotecados la deuda en caso de impago, sin que debiera responder el deudor con sus bienes o derechos futuros para saldar dicha deuda.

   Asimismo se contemplaba que, en los casos en los que la entidad se adjudique la vivienda, se presentaría una oferta al antiguo propietario o propietaria para seguir disfrutándola en régimen de alquiler, a unas condiciones acordes con su capacidad adquisitiva, y, en todo caso, nunca superior al 30% de los ingresos de la unidad familiar.