El Pleno de Durango ha exigido esta tarde la paralización de los desahucios y se ha comprometido a retirar los fondos municipales de aquellas entidades financieras que lo lleven a efecto con algún vecino del municipio. La propuesta se ha planteado a través de una moción que ha sido aprobada con el apoyo de PNV, Bildu, PSE-EE y Aralar. Solo el PP ha votado en contra.

   Aunque en el orden del día aparecían dos mociones diferentes sobre la misma cuestión, una de ellas presentada por el PSE-EE y la otra por Bildu y Aralar, finalmente se ha consensuado un único texto.

   En él se pedía al resto de grupos políticos que se comprometieran a trabajar para "frenar los desahucios" y también para promover "un cambio de legislación hipotecaria". "Apoyamos el derecho a la vivienda de los ciudadanos y ciudadanas, a la vez que denunciamos la actitud que el Gobierno español y los bancos tienen ante este tema".

Apuesta por el alquiler social

   Junto a estas reivindicaciones, Bildu, PSE-EE y Aralar han instado al Gobierno vasco a que "refuerce su apuesta por la política de alquiler social como medida paliativa" para aquellas familias que hayan sido "expulsadas de su vivienda habitual" y al Ayuntamiento, a que suscriba un convenio con Kutxabank y otras entidades para que las viviendas vacías de su propiedad puedan ser gestionadas en ese régimen.

   La moción conllevaba también el compromiso por parte de la administración local de "poner en conocimiento de la ciudadanía la actitud de "cada banco, caja y cooperativa ante los desahucios", así como de apoyar a todos los vecinos y vecinas que "estén bajo la amenaza" de tener que abandonar su casa. En este último caso, además, los responsables municipales se pondrán en contacto "con las entidades financieras correspondientes para tratar de suspender el desahucio".

Fondo foral de emergencia

   Por último, el Ayuntamiento no participará en procedimientos de desahucio y defenderá a los trabajadores "que se nieguen a participar en ellos"; pedirá a la Diputación la creación de un fondo foral de emergencia, "dotado con al menos 2 millones de euros", para atender esta problemática, y retirará su dinero de las entidades financieras que "lleven a efecto el desahucio de algún vecino del municipio".