Los grupos municipales socialistas en los distintos ayuntamientos de Bizkaia van a presentar sendas mociones para que estos consistorios se posicionen contra el cobro de las tasas judiciales a las personas físicas, puesto que esta medida, junto con otras similares impulsadas por el Gobierno de Mariano Rajoy, persiguen limitar a los que menos recursos tienen su derecho a acceder a la Justicia.

   La moción Socialista denuncia que la extensión indiscriminada de las tasas judiciales a toda la ciudadanía, así como la determinación de su cuantía sin respetar el principio de proporcionalidad en relación con la capacidad económica de los ciudadanos y ciudadanas, impide y obstaculiza el ejercicio del derecho fundamental de acceso a la Justicia.

   Por este motivo, el texto pretende que los distintos ayuntamientos insten al Gobierno de España a adoptar urgentemente las medidas necesarias para excluir a las personas físicas de la obligación del pago de tasas judiciales, y a garantizar que nadie vea limitado su derecho de acceso a la justicia por no poder hacer frente a esos costos de las tasas.

   En este sentido, recuerda que la Constitución propugna en su artículo primero, entre otros, el valor superior de la justicia dentro del Ordenamiento jurídico español.

   "Tal y como reiteradamente ha venido sosteniendo el Tribunal Constitucional, en el ámbito de la Administración de Justicia los valores constitucionales se manifiestan en el derecho a obtener la tutela judicial efectiva de los derechos e intereses legítimos", añade.

   Por este motivo, resulta constitucionalmente amparado que todos los ciudadanos "puedan obtener justicia cualquiera que sea su situación económica o su posición social".

   La moción Socialista recuerda que el Gobierno dirigido por Felipe González aprobó en 1986 la supresión de las tasas judiciales, derogando para ello dos decretos preconstitucionales. Esta supresión de tasas judiciales fue efectiva hasta que, en el año 2002, el Gobierno de José María Aznar reintrodujo aquella figura, si bien circunscrita exclusivamente a las empresas con volumen de negocio superior a seis millones.

   Por último, critica que "el paso dado por Aznar se pretende ampliar ahora por su pupilo Rajoy, quien eleva de forma desmesurada las tasas judiciales y, lo que es más grave, extiende su aplicación a las personas físicas, es decir, a la ciudadanía en general por un mero afán recaudatorio".