El Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano instará al Gobierno de España a que derogue la ley 10/2012 del 20 de noviembre por la que se regulan determinadas tasas para acceder a la administración de justicia. Asimismo, pedirán que se adopten urgentemente las medidas necesarias para excluir a a la ciudadanía como sujeto obligado del pago de tasas judiciales y a garantizar que nadie vea limitado su acceso a la justicia por no poder hacer frente al pago de dicha cuantía.

   La decisión, que ratificó la moción presentada al respecto por el PSE en el último pleno, fue aprobada por unanimidad. «Esta ley es una barbaridad, que supone un importante recorte de derechos y que trata de esconder su mero afán recaudatorio, bajo el falso objetivo de reducir la litigiosidad en España», remarcó, el edil socialista Antonio Castellet.

   Desde Bildu, tildaron la nueva regulación judicial de «salvajada neoliberal de un gobierno de derechas». Urko López insistió en que «aprovechar mayorías parlamentarias para recortar derechos, es un hecho realmente obsceno, que lleva a ser humano a la mayor de las degradaciones».

   Urko López aprovechó la moción, basada en «la igualdad de todos antes la ley», para acusar al PSE de «no ser coherente» por votar en contra de dos mociones dirigidas a los derechos de los presos. Por su parte, el PNV, se mostró completamente a favor y apeló a que «no se mezclen las cosas».