Los portavoces de los tres grupos de la oposición de Arrigorriaga (PSE-EE, Bildu y Ezker Batua) han denunciado el incumplimiento flagrante, por parte del Equipo de Gobierno, del acuerdo político suscrito por todos los grupos municipales y que se aprobó en el pleno de enero.

   Entre las actuaciones incumplidas que acordamos para frenar los desahucios a nivel local destacamos especialmente lo que se dispone el punto 9 del documento que dice lo siguiente:

"El Ayto. de Arrigorriaga se compromete a elaborar mediante una mesa de trabajo integrada por todos los partidos con representación municipal (ya en marcha), un protocolo de actuación a aplicar en los casos de desahucio en el que queden recogidos los pasos a dar por los servicios municipales así como la creación y funcionamiento de una Mesa para la Inclusión Social a nivel municipal".

   A fecha de hoy, no se ha vuelto a convocar la mesa de trabajo integrada por todos los partidos, tampoco existe ningún protocolo de actuación en funcionamiento que fije el procedimiento a seguir con las familias afectadas y mucho menos se ha convocado a los integrantes de la Mesa para la Inclusión. Los grupos de la oposición propusimos y acordamos que en esta mesa se incluyesen las asociaciones del municipio que trabajan contra la exclusión social integradas en la organización "Abusu Sarean", la plataforma Stop Desahucios de Aiara y a la Asamblea de Parados de Arrigorriaga.

   Las labores de asesoría jurídica, apoyo, acompañamiento y mediación ante las entidades bancarias que deben prestarse desde el ayuntamiento a las familias afectadas, siguen recayendo sobre los movimientos ciudadanos contra los desahucios que desarrollan un trabajo intenso sin ningún apoyo ni reconocimiento institucional.

   Esta situación contradice la filosofía del acuerdo político suscrito, que reconoce la existencia del problema y parte de la base de que el Ayuntamiento es la institución más próxima al ciudadano y, por tanto, vive el día a día de los problemas y las consecuencias personales y sociales que los desahucios están provocando.

   El equipo de gobierno ha optado por evitar esa proximidad al ciudadano, ignorando la existencia de los casos de desahucio en el municipio y dejando pasar los meses sin entrar en contacto con los movimientos ciudadanos ni con las familias afectadas.

   Exigimos al equipo de gobierno que se implique en el problema y que respete el acuerdo suscrito, por pura decencia política y porque es necesario que el ayuntamiento ponga a disposición de las familias en riesgo de desahucio todos los medios previstos en este acuerdo.