El Pleno celebrado ayer en el Ayuntamiento de Getxo aprobó la moción socialista en favor de que el uso del casco por los ciclistas en vías urbanas tenga carácter voluntario. Ésta fue una de las tres mociones que presentó el Grupo Socialista y que fue aprobada, junto con otra en contra de la central nuclear de Garoña y una tercera en contra de las cláusulas suelo de las hipotecas.

   El Portavoz Socialista, Luis Almansa, ha recordado que en los últimos años Getxo y otros muchos municipios han apostado por fomentar el uso de la bicicleta como medio para desplazarse, ya que la OMS reconoce que pedalear 30 minutos al día es una práctica eficaz en la lucha contra enfermedades coronarias y contra la obesidad y es un medio de transporte limpio y ecológico.

   "La obligatoriedad del casco afectaría negativamente al uso de la bicicleta, porque reduciría el número de usuarios y afectaría a negocios y puestos de trabajo relacionados con el sector de la bicicleta, en cambio la DGT aporta datos según los cuales el uso del casco en los ciclistas no es relevante para evitar lesiones craneoencefálicas, lo que no justifica su uso obligatorio en vías urbanas", ha explicado.

GAROÑA

   En cuanto a la central nuclear de Garoña, también fue aprobada la moción que pide al Gobierno de Mariano Rajoy que proceda a cerrar la instalación burgalesa. En este sentido, ha señalado que no se debería apostar por la continuidad de una central nuclear obsoleta pese a las intenciones de Nuclenor y la industria nuclear.

   Por último, se aprobó igualmente la iniciativa por la que el Ayuntamiento de Getxo repudia todas las prácticas económicas y financieras basadas en conseguir la confianza de los ciudadanos más vulnerables para realizar prácticas contractuales abusivas. En esta moción se insta a las entidades financieras que han firmado hipotecas con cláusulas suelo a los vecinos del municipio a que procedan de inmediato a anular dichas cláusulas abusivas y se abstengan de vender o mediar este tipo de productos sin informar claramente a los compradores de que ese tipo de cláusulas puede suponer una merma económica variable en función del Euribor.

   También se insta al Gobierno de España a impulsar cuantas iniciativas legales sean precisas para garantizar plenamente los derechos de los consumidores, especialmente ante las entidades financieras.