PSE-EE de Bizkaia ha trasladado a todas las instituciones vizcaínas -en forma de Proposición No de Norma en las Juntas Generales y de mociones en los ayuntamientos- su defensa del derecho a la libre decisión de las mujeres, así como el reconocimiento del derecho a una maternidad libremente decidida "lo que implica, entre otras cosas, que las mujeres decidan sobre su embarazo y esa decisión consciente y responsable sea respetada".

   En la iniciativa socialista, la apoderada Begoña Gil también recuerda al Gobierno de España la aconfesionalidad proclamada en la Constitución y, en este sentido, rechaza cualquier injerencia en el derecho a una maternidad libremente decidida al dictado de ninguna moral religiosa.

   Del mismo modo, PSE-EE muestra su rechazo a la reforma anunciada de la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo anunciada por el ministro Gallardón y rechaza la regresión que ello supondría.

   En este sentido, Begoña Gil recuerda que el Ministro de Justicia ha anunciado que el Gobierno de España presentará pronto una nueva regulación sobre la Interrupción Voluntaria del Embarazo y que esta nueva regulación pasa por la vuelta a una Ley de indicaciones mucho más restrictiva que la ley de 1985, en la que las mujeres no podrán decidir, sino que serán los médicos quienes decidan por ellas, así como por la eliminación de la posibilidad de interrumpir el embarazo cuando exista malformación fetal, además de una "fiscalización intolerable respecto al supuesto de riesgo para la salud de la madre, mostrando un claro desprecio y desconfianza hacia las mujeres, a las cuales no las deja decidir y en cambio serán profesionales externos los que decidan por ellas".

   Para los Socialistas, el Gobierno del PP está preparando "una de las leyes de aborto más restrictivas del mundo occidental y, así, España será el primer país que cuando legisla sobre el aborto retrocede". "Esto supone una vuelta al pasado, incluso más allá de la primera ley del año 1985, y que las mujeres españolas tengan dos opciones, abortar fuera de España si tienen recursos para ello, o bien abortar en España en condiciones de clandestinidad con el consiguiente riesgo para su salud y su vida", agrega Begoña Gil en su iniciativa.

   Asimismo, explica que las leyes restrictivas de aborto no reducen el número de abortos, sino que solamente incrementan el número de mujeres muertas o que pierden su salud porque abortan en la clandestinidad y en condiciones insalubres. "Si esta anunciadísima reforma sale adelante es seguro que se estarán quitando dos derechos a las mujeres: el de la libre decisión y el de la salud", añade.

   A su juicio, la propuesta del Gobierno sobre el aborto "nos llevaría a la cola de Europa, a la clandestinidad, a una regulación que estará a la altura de Malta, Andorra o Polonia, los países más restrictivos y conservadores en sus normativas. Nos coloca en la clandestinidad o en el extranjero. Es más, en los últimos 28 años, 36 países han liberalizado sus leyes de aborto pero ninguno ha retrocedido".

   Además, recuerda que la inmensa mayoría de los países europeos permiten la interrupción voluntaria del embarazo sin justificación hasta la semana 14, oscilando entre la semana 10 de Portugal y las 24 semanas de Holanda.

   "En el año 2008 -indica- ya el Consejo de Europa aprobó una recomendación a sus 47 países donde consagra el derecho al aborto legal y sin riesgos garantizado por el Estado que convierta esta práctica en accesible y segura. Y además invita a despenalizar el aborto, allá donde sea delito. Y lo más importante para nuestra situación actual: se muestra a favor de una ley de plazos y reclama clases de educación sexual obligatorias para los jóvenes".

   PSE-EE señala que la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo reconoce a las mujeres el derecho a una maternidad libremente decidida, lo que implica, entre otras cosas, que las mujeres decidan sobre su embarazo y que esa decisión -consciente y responsable- sea respetada; además, esta Ley garantiza el derecho a la educación y a la salud sexual.

   "Porque sólo con una educación sexual adecuada y con la mejora en el acceso a los métodos anticonceptivos, podremos prevenir de manera más efectiva, especialmente en personas jóvenes, las infecciones de transmisión sexual y los embarazos no deseados y, por tanto, el número de Interrupciones Voluntarias del Embarazo", dice.

   Por último, los Socialistas entienden que "no se puede legislar a espaldas de la realidad, y la mayor realidad es que las mujeres en todas partes del mundo tienen abortos, estén legalizados o no". "La mejor forma de reducir el número de abortos no es negar el acceso a procedimientos legales y seguros a las mujeres, sino darles el poder de controlar su fecundidad y de prevenir los embarazos no deseados", concluyen.