Barakaldo, Portugalete y Ermua, junto a otros once ayuntamientos vascos, se han sumado al recurso presentado por más 2.500 consistorios de toda España contra la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local -la conocida como Reforma Local- impulsada por el PP, con el apoyo del PNV, y que ha sido presentada esta mañana en el Tribunal Constitucional.

En concreto, los Ayuntamientos vascos recurrentes son los tres municipios vizcaínos gobernados por alcaldes socialistas y:

• Eibar
• Zumarraga 
• Irún
• Donostia/San Sebastián
• Errenteria
• Pasaia
• Eskoriatza
• Iruña de Oca
• Alegria/Dulantzi
• Legutiano
• Llodio

Son ayuntamientos de diferente representación política (PSE-EE, EH Bildu e independientes) y que representan a cerca de 600.000 habitantes. La iniciativa supone una suma de esfuerzos sin precedentes, ya que para plantear este conflicto al Tribunal Constitucional es necesario que así lo acuerden, y por mayoría absoluta, una séptima parte (del total de los Ayuntamientos que hay en España y que, además, supongan una sexta parte de la población.

Los Socialistas Vascos han destacado que a pesar de lo que dice el PNV, las enmiendas al texto pactadas por los jeltzales con el PP en Madrid no garantizan que no se aplique esta reforma en Euskadi. Muy al contrario, la inmensa mayoría de la Ley es legislación básica, de aplicación obligatoria en todos los Ayuntamientos.

Y, aunque así fuera, estaríamos hablando de sustituir una tutela a los Ayuntamientos (la del Estado) por otra tutela, la de la "troika" de las tres Diputaciones Forales. La Reforma limita y elimina la autonomía local y trata a los Ayuntamientos como menores de edad.

El diputado vasco y número 2 de la candidatura del PSOE a las próximas elecciones europeas, Ramón Jáuregui, ha sido uno de los responsables de presentar el recurso ante el Constitucional, donde ha explicado que la Reforma Local "priva a los ayuntamientos de su propia financiación" y está provocando "enormes dificultades para la gestión de los Ayuntamientos en España".

"El mismo día en el que se ha publicado un informe de Cáritas que dice que en España tenemos junto a Rumanía el mayor riesgo de pobreza y la mayor pobreza, especialmente en la población joven e infantil", ha señalado, "recurrimos contra una ley que priva a los Ayuntamientos de su capacidad de gestión de la política social, que les priva de recursos y de instrumentos para poder llegar cerca de la pobreza y de la gente necesitada, porque les elimina las competencias, los recursos y la capacidad de actuación".

El portavoz socialista ha recordado que el recurso es "ampliamente representativo de un gran mayoría social española" y que por lo tanto, "la mayoría política del PP es minoría social en este recurso". Además, es la primera vez en la historia democrática de España que se presenta un recurso en nombre de los ayuntamientos de España al Tribunal Constitucional. Un recurso "que va a reclamar un pronunciamiento que declare inconstitucionales los artículos que vulneran competencias autonómicas y de autonomía local y que impiden a los ayuntamientos llevar a cabo una política social absolutamente imprescindible en la España de la pobreza de hoy".