El senador socialista por Bizkaia Tontxu Rodríguez subrayó, esta tarde, en la sesión de control parlamentario de la Cámara Alta, que "la justicia gratuita es un derecho constitucional y no una cuestión de caridad y debe estar sostenida por el Estado". El parlamentario del PSOE, que formuló una pregunta al Ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, señaló que la justicia gratuita "no debe vincularse a su tasazo constitucional, que, por cierto, no ha hecho caja. Tampoco debe recaer sobre la abogacía ni fundamentarse en recursos presupuestarios suficientes".

A continuación, lamentó que el titular de la cartera de Justicia trate de expulsar a una gran mayoría social del sistema judicial por ser económicamente inviable, "a esos a los que acusa de abusar y colapsar el sistema, les dejará desatendidos, a esos que más necesitan una atención cercana e inmediata, les abandonará".

En este punto, acusó a Ruiz-Gallardón de configurar una "justicia privatizadora y limitadora de derechos" en vez de apostar por una justicia eficaz, homogénea y accesible a la ciudadanía. A su juicio, en el inoportuno proyecto de Ley de asistencia jurídica gratuita priman los ajustes presupuestarios frente a la dignificación del servicio público.

Además, indicó que este "arbitrario" proyecto ha sido duramente criticado por el CGPJ que sostiene que en la ley no se mencionan los recursos económicos, no apuesta por la mediación e invade competencias autonómicas, con una clara pretensión centralizadora. Por su parte, el Consejo General de la Abogacía señala que el proyecto es engañoso, burocratiza el servicio y recorta derechos fundamentales de los ciudadanos.

Tontxu Rodríguez recriminó al Ministro que existe "hartazgo e indignación" entre los operadores jurídicos porque "con usted es imposible garantizar una justicia para todos. Si pretende hacer una reforma después de 17 años, no busque en ella una cortina de humo a su tasazo y si quiere reformar la justicia gratuita, hágalo de acuerdo con la realidad social y económica de los españoles".

Rodríguez detalló que en España hay 36.000 abogados de oficio que llevan cada año miles de actuaciones dirigidas a defender los derechos de los ciudadanos españoles y puntualizó que en Vizcaya se procesaron hasta 11.000 asuntos en 2013. También subrayó que "tanto a los profesionales que perderán libertad de actuación como a los ciudadanos que sufrirán sus consecuencias, les va a desgraciar".

El senador vasco afirmó que la justicia existe y tiene que ser para todos, con independencia de su capacidad económica y señaló al Ministro que "con su improvisación y precipitación su justicia es lo más parecido a la injusticia". En este punto, pidió al Ministro que en el trámite parlamentario de su incongruente proyecto de ley atienda a las aportaciones que están haciendo los operadores jurídicos y los grupos de su oposición.

Sin embargo, Rodríguez reconoció que la experiencia le sugiere que el Ministro seguirá con su empecinamiento y aprobará una ley sin garantías, ni protección, que descalabrará el ejercicio profesional y menoscabar la protección procesal de los españoles que más lo necesitan". "Por eso, concluyó, usted no es el Ministro de Justicia que necesita España".