Las Juntas Generales de Bizkaia han dado hoy el visto bueno por unanimidad a la propuesta presentada por el Grupo Socialista en la que se insta a la Diputación a que, en el plazo de un mes, constituya el órgano de control de las campañas de publicidad y comunicación institucional promovidas por la institución foral, organismos autónomos y entidades integrantes de su sector público, previsto en la Ley 6/2010, de 23 de diciembre, de Publicidad y Comunicación Institucional de Euskadi.

La iniciativa registrada por PSE-EE ha sido debatida hoy en la sesión plenaria que se celebra en las JJ.GG. de Gernika y ha contado con los votos a favor de todos los grupos de la Cámara.

Según ha explicado la apoderada socialista Begoña Gil, la propuesta aprobada "trata de impedir que, con dinero público, se hagan campañas de autobombo". "Se trata de que los ciudadanos tengan a quien recurrir para impedir, cuando así suceda, que se use su dinero para hacer propaganda ilícita. Y se trata también de que todos sepamos en qué se gastan nuestros recursos", ha dicho.

En el texto, se pide, asimismo, que en la composición de este órgano se incluya "personal funcionario de carrera de los servicios jurídicos, de los servicios de intervención y control y de la dirección de igualdad, así como un profesional de reconocido prestigio en este campo, no pudiendo estar incluido personal de designación política".

Además, propone que se explicite en el mismo soporte de difusión, el coste total de la campaña y, en su caso, en el número de ejemplares publicados, "de forma que esta información se inserte de manera obligatoria en todas las campañas institucionales de publicidad y comunicación actualmente vigentes".

Según se explica en la Proposición No de Norma, la Ley 6/2010, de 23 de diciembre, de Publicidad y Comunicación Institucional de Euskadi tiene como objeto regular las campañas institucionales y de comunicación impulsadas y realizadas por las Administraciones Públicas de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

"Dicha legislación trata de velar para que la acción de los gobiernos en esta materia se sustente, como finalidad exclusiva, en campañas institucionales y de comunicación que sirvan para facilitar el ejercicio de los derechos de la ciudadanía y promover el cumplimiento de sus deberes sin perseguir o encubrir objetivos inadecuados al buen uso de los recursos públicos en beneficio exclusivo del gobierno de turno", indica Begoña Gil.

Asimismo, en la iniciativa aprobada se explica que "para garantizar el uso no fraudulento de las campañas de publicidad y de comunicación de las administraciones públicas, el citado texto legislativo, establece los requisitos que deben observar las campañas así como las prohibiciones de determinadas acciones publicitarias de ensalzamiento de la gestión de los gobiernos con dinero público".

"Sin embargo, pese a que la ley determina la exigencia de crear un órgano de control en las administraciones, en Bizkaia, hasta la fecha, ni se ha constituido ni se ha determinado el órgano que debiera garantizar el cumplimiento de la finalidad de las campañas de publicidad y comunicación de la administración foral generándose una situación de falta de control y objetivo de la acción del gobierno en esta materia, situación de indefensión a la que están también abocada la ciudadanía que pueden no ver protegidos sus derechos de manera plena", añade la representante de PSE-EE.

Por último, recuerda que esta iniciativa política "se complementa, en concordancia con otras administraciones forales de nuestro entorno, con la obligación de que el coste de las citadas campañas sea público y de general conocimiento en el mismo soporte de su difusión, una medida que permite a la sociedad vizcaína tener los elementos de juicio idóneos para valorar la necesidad y oportunidad de las citadas campañas".

CONTROL CIUDADANO

Durante su intervención en el pleno de Gernika, Begoña Gil ha recordado que han pasado más de cuatro años desde que se aprobara esta Ley en el Parlamento. "Cuatro años es un margen más que suficiente para que la Diputación lo hubiera hecho ya, pero seguimos sin este órgano que no es ningún capricho, sino la garantía de que las Instituciones están sometidas al control ciudadano".

"La garantía de que los poderes públicos no pueden hacer lo que les da la gana, sino que están limitados por el imperio de la ley como expresión de la voluntad de los ciudadanos y ciudadanas. Algo básico en democracia. Y más aún cuando a todos se nos llena la boca diciendo que tenemos que mejorar la calidad de nuestro sistema democrático, aumentando la transparencia, la participación y el control público", ha concluido la apoderada socialista.