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PSE-EE espera que todos los grupos municipales apoyen sus mociones a la Ley de Racionalización de la Administración local

Advierte que los ayuntamientos vascos se verán sometidos también "a la tutela de las diputaciones forales"

 

 

El senador socialista vasco Tontxu Rodríguez ha mostrado hoy su confianza en que "todos los grupos municipales que forman parte de los plenos" apoyen la moción que los representantes socialistas van a presentar a la Ley de Racionalización de la Administración local, ya que, si no, el Partido Popular "pasará a la historia como los verdaderos destructores del mundo local y de la cohesión social y territorial de España". 

En rueda de prensa celebrada en Bilbao, Rodríguez ha recordado que en 2016 entrará en vigor la Ley de Racionalización y Sostenibilidad local que, a su juicio, "convertirá a los ayuntamientos en entidades subordinadas".

"Una ley aprobada sin consenso, con el rodillo absolutista popular y con un único apoyo minoritario e interesado del PNV, que contó con casi 500 enmiendas", ha indicado, para añadir que la ley "termina con 30 años de democracia y autonomía municipal".

Tras denunciar que se trata de un "ataque directo contra los ayuntamientos", ha incidido en que "no aborda el verdadero problema como es su financiación y problemas estructurales".

En este sentido, ha calificado de "mentira" que los Consistorios sean los verdaderos promotores del déficit, se den competencias solapadas o se traslade así competencias a las diputaciones y comunidades autónomas porque son más eficaces.

Rodríguez ha criticado que con la entrada en vigor de la ley se comisionarán competencias de las diputaciones a empresas privadas, "con una gestión más cara y de peor calidad", además de "condenar a la desaparición de más de 3.700 entidades locales menores y despojar de competencias a los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes".

"Se acaba con las escuelas infantiles, las actividades extraescolares, los Centros de Día o los pisos tutelados y de acogida. Se termina con la inclusión de inmigrantes, los comedores sociales, las residencias de la Tercera Edad, las Agencias de Desarrollo Local, las Escuelas de Música o las bandas de música municipales", ha incidido.

Tras recordar que el PSOE, junto con seis grupos parlamentarios, varias comunidades autónomas y unos 3.000 ayuntamientos, presentaron un conflicto de constitucionalidad ante el Tribunal Constitucional pendiente de tramitación y de sentencia, ha indicado que si el Alto Tribunal no dicta sentencia antes del 20 de diciembre, "será el Partido Socialista y Pedro Sánchez quien derogará esta ley en cuanto llegue al Gobierno".

Asimismo, ha destacado que en los plenos municipales los socialistas van a presentar en los diferentes ayuntamientos una moción para exigir la inmediata derogación de la ley 27/2013 de Racionalización y Sostenibilidad Local de 29 de diciembre, "tal y como lo ha solicitado la propia Federación Española de Municipios y Provincias el pasado 19 de septiembre y el propio Parlamento vasco en abril de 2015".

"Y mientras esto se produzca, solicitamos que se realicen las modificaciones legislativas oportunas para devolver a los ayuntamientos las competencias en la prestación de los servicios sociales, se reafirme la autonomía municipal, se coordinen las competencias entre las administraciones y se presten los servicios públicos bajo los principios de proximidad y subsidiariedad", ha solicitado.

Asimismo, ha mostrado su esperanza en que todos los grupos municipales que forman parte de los plenos apoyen esta moción por que si no el Partido Popular, "con Rajoy a la cabeza, pasarán a la historia como los verdaderos destructores del mundo local y de la cohesión social y territorial de España".

Por lo que respecta a Euskadi, ha reconocido que en la Disposición Adicional Primera de la ley se establece el régimen especial para nuestra comunidad, pero los ayuntamientos vascos se verán sometidos también "a la tutela de las diputaciones forales y, por tanto, se provocará una clara diferencia según en qué territorio histórico se viva". "Además de aplicarse un principio absolutamente insolidario con el resto de los Ayuntamientos de España", ha insistido.


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