El portavoz del PSOE en Justicia y senador socialista por la Comunidad Autónoma del País Vasco, Tontxu Rodriguez Esquerdo, exigirá al Gobierno que se comprometa a garantizar que el Ministerio Fiscal -como órgano de relevancia constitucional con personalidad jurídica propia, integrado con autonomía funcional en el Poder Judicial- en el cumplimiento de sus funciones, responda exclusivamente a criterios de legalidad, objetividad, imparcialidad e independencia, evitando injerencia alguna en su actuación ordinaria.

Así lo demanda en una moción consecuencia de interpelación en la que insta también al Ejecutivo a que impulse la derogación del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en la redacción dada al mismo por la Ley 41/2015, de 5 de octubre, de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para la agilización de la justicia penal y el fortalecimiento de las garantías procesales, en tanto dificulta la adecuada investigación judicial de causas complejas, como las relativas, en muchas ocasiones, a la corrupción.

En su iniciativa, sobre la que el Pleno de la Cámara se pronunciará la próxima semana, Rodriguez Esquerdo pide además que, previamente a una futura modificación legislativa conducente a modificar el proceso penal, encomendado la investigación al Ministerio Fiscal, se proceda a llevar a cabo las reformas necesarias en el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal que impida que el Gobierno pueda tutelar al Ministerio Fiscal, dirigiendo por vía interpuesta sus investigaciones y el sentido en que deben proceder.

Por último, el senador socialista emplaza al Ejecutivo a que incremente de manera efectiva los medios materiales y humanos de los que dispone el Ministerio Fiscal, muy especialmente los de la Fiscalía contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, con la adecuada consignación presupuestaria.

En la exposición de motivos de la moción, el portavoz socialista recuerda que el Ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha encadenado tres fiscales generales "en menos de tres años" y señala que con el nombramiento del actual fiscal general del Estado, José Manuel Maza, en noviembre de 2016, el Gobierno ha encontrado "la correa de transmisión perfecta" que había buscado sin éxito a lo largo de todos estos años. "Así lo confirma el reciente relevo de 35 titulares de órganos clave del ministerio público, algunos tan sensibles como las jefaturas de la Fiscalía Anticorrupción o de la Audiencia Nacional", precisa.

Para el senador del PSOE, la renovación de los principales puestos en la Fiscalía pone de manifiesto el objetivo perseguido por el ministro Catalá: "controlar la acción del Ministerio Fiscal en los tiempos de mayores problemas judiciales para el PP". A su juicio, es muy sintomático que entre los relevos producidos se encuentre el del fiscal jefe de Murcia, Manuel López Bernal, que se había querellado contra el presidente de esta comunidad por presuntos delitos cometidos en el llamado Caso Auditorio y que tras el relevo ha denunciado en público las intimidaciones y presiones vividas en coincidencia con la investigación de casos de corrupción y el desamparo del que han sido victima él y algunos de sus compañeros.

Al hilo de ello, Tontxu Rodriguez critica que antes de esta renovación, el propio Ministro de Justicia realizara unas declaraciones "impropias de su cargo" y tomara partido "por unos fiscales frente a otros", posicionándose "en contra" de los que trataban de seguir investigando la corrupción de su partido en Murcia. En este sentido, subraya que las declaraciones de Catalá, en opinión de todas las asociaciones de fiscales, fue una intromisión intolerable en la autonomía del Ministerio Fiscal, estuvo fuera de sus competencias constitucionales y demostró un absoluto desconocimiento de la ley.

Por otra parte, el senador del PSOE apunta en su iniciativa que la comparecencia del Fiscal General del Estado ante la Comisión de Justicia del Congreso, el pasado 1 de marzo, para informar de los criterios de la Fiscalía General del Estado en relación con la persecución de delitos de corrupción en los que resulten implicados autoridades o cargos públicos ha supuesto un "cúmulo de vagas generalidades", que nada aclaran sobre la manera de funcionar de una institución que está directamente subordinada al Ministerio de Justicia y que ha de ocuparse de gravísimos asuntos -como el de la corrupción- en los que aparecen implicadas personas que están o han estado vinculadas al partido en el Gobierno. "Ninguna explicación creíble y convincente de quien está al frente del Ministerio Público", critica.

Otra cuestión clave para Tontxu Rodríguez es la reforma del proceso penal que prepara el Gobierno y que, entre otras novedades, prevé restringir el plazo de instrucción estableciendo "un límite de un año", salvo en causas justificadas, así como acotar la acusación popular, o atribuir la investigación de las causas penales a los fiscales. "Todo ello, además en un contexto de carencia de medios materiales y humanos, lo que también hace más difícil actuar de manera eficaz contra las tramas corruptas", recalca.

De igual modo, el senador vasco muestra su preocupación por que los últimos acontecimientos ponen de manifiesto los riesgos de modificar la Ley de Enjuiciamiento Criminal para dar la instrucción y la dirección de las investigaciones penales a los fiscales, precisamente en un momento en el que la autonomía del Ministerio Fiscal respecto del poder ejecutivo parece estar "más en entredicho que nunca".

Por todo ello, Tontxu Rodriguez justifica la urgencia en la presentación de esta moción consecuencia de interpelación, consciente de que "la justicia debe expresarse a través de la solidez de sus procedimientos y sentencias". "Las interferencias políticas en nada contribuyen a prestigiarla ante la ciudadanía y la principal labor de un Gobierno en este ámbito ha de ser garantizar la independencia del Poder Judicial y, particularmente, el afianzamiento de la autonomía del Ministerio Fiscal respecto al poder Ejecutivo", reivindica.