El pleno de las Juntas Generales de Bizkaia ha dado el visto bueno a la convalidación del Decreto Foral Normativo 1/2026, de 16 de abril, que establece un paquete de medidas tributarias urgentes para paliar los efectos económicos derivados del conflicto.

Entre las medidas de choque destaca el aplazamiento excepcional de deudas tributarias para personas autónomas, micro y pequeñas empresas. En tan solo un mes de vigencia, esta herramienta ha permitido materializar 3.608 aplazamientos, beneficiando a 3.212 contribuyentes (de los cuales 1.090 son personas físicas con actividad y 2.122 personas jurídicas) y movilizando un total de 43.344.800 euros en deuda aplazada. Asimismo, se ha aprobado la exoneración de los pagos fraccionados del IRPF correspondientes al primer trimestre de 2026 para el colectivo de autónomos y autónomas.

Para fomentar la actividad económica, el decreto incluye una amortización acelerada extraordinaria durante el ejercicio 2026 para activos nuevos en el Impuesto sobre Sociedades. Además, se han incrementado los incentivos por creación de empleo: la deducción general por contratación sube del 25% al 35%, mientras que para jóvenes y mujeres el porcentaje se eleva del 35% al 45% de forma extraordinaria.

Finalmente, el texto incorpora modificaciones técnicas menores, como exenciones en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales para certificados de ahorro energético y una reducción en el Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE) al excluir hornos y calderas eléctricas del cómputo de potencia instalada.

El Portavoz socialista en las Juntas Generales, Goyo Zurro, explicó que el “PSE-EE siempre defenderá una política fiscal en favor de los servicios públicos, la cohesión social y la igualdad de oportunidades. Pero también defenderá que, ante una crisis, las instituciones tienen la obligación de actuar para proteger el empleo, mantener los negocios abiertos y evitar que la incertidumbre económica se convierta en fractura social. Este equilibrio es precisamente el que recoge este decreto”

“Frente a quienes intentan enfrentar administraciones o convertir cada debate en una competición partidista, nosotros reivindicamos algo mucho más útil, la cooperación entre instituciones. Cada administración está actuando allí donde tiene más capacidad y competencias”, agregó.

Por otro lado, el pleno aprobó nuestra enmienda transaccional a la iniciativa original  para que, en un plazo máximo de 3 meses, se presenten los criterios para la identificación de grandes tenedores de vivienda en Bizkaia.

En este punto, el apoderado socialista Alberto Álvarez indicó que “un pequeño propietario, un vecino de Barakaldo, de Bilbao o de Durango que tiene un piso en alquiler para complementar su pensión o el día de mañana dejarlo a sus hijos, no es un problema. Al contrario, a ese pequeño propietario debemos protegerlo e incentivarlo, como ya hacemos desde los gobiernos socialistas”.

“El problema radica en la concentración de vivienda en pocas manos: fondos buitre, sociedades patrimoniales y grandes inversores que controlan paquetes enteros de inmuebles. Estos actores tienen la capacidad real de influir en los precios, de tensionar el mercado al alza y de imponer condiciones abusivas. La opacidad del mercado solo beneficia al especulador. La transparencia, en cambio, defiende al ciudadano”, concluyó