El Grupo Municipal de Basauri ha lamentado el perjuicio que la sentencia dictada por el Tribunal Supremo sobre Kanda Landaburu pueda ocasionar a sus propietarios, "adquirentes de buena fe de sus viviendas y auténticos paganos, por un lado, de la nefasta gestión urbanística de la corporación dirigida por el ex Alcalde Rafael Ibargüen y, por otro, de la actitud que ha mostrado durante el proceso la promotora Gaztañabalza SL".

   La Portavoz Socialista, Loly de Juan, ha subrayado que los Socialistas de Basauri han tenido conocimiento de esta última decisión judicial a través de los medios de comunicación, puesto que el Equipo de Gobierno no la dio a conocer al resto de grupos en la comisión de Urbanismo celebrada esta semana.

   De Juan ha explicado que, en su labor como Alcaldesa durante la anterior legislatura, trató "por todos los medios de regularizar la situación de esta promoción urbanística", para lo que mantuvo varias reuniones con la promotora y sus abogados, así como con la misma y los vecinos afectados.

   "Nuestro objetivo fue regularizar la promoción Kanda Landaburu, haciéndonos eco de la profunda preocupación de los vecinos que compraron las viviendas en cuestión, a los que nadie había advertido sobre la ilegalidad de sus viviendas, en las que llevan residiendo más de seis años", ha señalado.

   De Juan ha asegurado que como responsable del anterior Equipo de Gobierno trató de dar cobertura legal a esas viviendas a través de la modificación del Plan General, de forma que se diera una solución al exceso de edificabilidad construida. Este proceso exigía el pago previo por parte de la promotora del importe correspondiente a ese aprovechamiento, que fue cifrado por los informes técnicos municipales en 895.000 euros.

   "Este importe de compensación que debía ingresarse en las arcas municipales suponía una actuación idéntica a las que sirvieron para la legalización, con éxito, de las viviendas de Arizgoiti y de las de Padurk. Estaban afectadas por el mismo problema urbanístico que el anterior Equipo de Gobierno subsanó pocos meses después de acceder a la Alcaldía", ha añadido.

   De Juan ha indicado que la operación no pudo concretarse en Kanda Landaburu porque la promotora Gaztañabalza SL "se negó en redondo a solucionar el conflicto", a pesar de que fue advertida de la "enorme trascendencia" que podría llegar a tener un pronunciamiento negativo del Tribunal Supremo, porque la Ley del Suelo establece un límite específico a las modificaciones del planeamiento que vengan a legalizar actuaciones declaradas incompatibles con la ordenación urbanística por sentencia firme.

   Asimismo, ha criticado la labor del actual Alcalde, al que la propia De Juan realizó una pregunta durante el pleno del pasado mes de febrero, indicándole que la situación debería haberse resuelto antes de esta sentencia y antes de la próxima revisión del PGOU.

   "Ante nuestra preocupación, el Alcalde aseguró que hablaría con todos los grupos políticos. Sin embargo, a día de hoy, esa reunión no se ha producido y lamentablemente la sentencia ya es firme", ha concluido.